El primero de agosto de 2017, fue publicada la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 31, donde se daba a conocer la Resolución Número 22/2017 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Desde el momento de la publicación de la misma, se hacía efectiva la medida de no otorgar por el momento nuevas autorizaciones para ejercer en Cuba el trabajo por cuentapropia, hasta que concluya el perfeccionamiento de este tipo de gestión, en 28 de las 201 actividades permitidas en el país.

Además, en lo adelante, se hace definitiva la medida de no otorgar licencias de vendedor mayorista de productos agropecuarios, vendedor minorista de productos agropecuarios, carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria, comprador vendedor de discos y operador de equipos de recreación. La medida no incluye a los trabajadores cuyas licencias ya habían sido emitidas, a quienes se les permitirá continuar con sus actividades.

Si comparamos la lista de las actividades para las que desde ahora no se emitirán licencias, con la lista de las licencias más ejercidas a inicios de 2017, se puede apreciar que las licencias que hasta ahora habían sido otorgadas en las áreas suspendidas o canceladas, reunen en su totalidad un 25% porciento de las licencias otorgadas para trabajar en el sector no estatal. Si no contamos a los trabajadores contratados que están asociados a otras actividades, se habla entonces de alrededor del 33% del trabajo por cuentapropia en Cuba.

Además, en el listado de las 10 primeras actividades que más trabajadores por cuentapropia acumulan podemos ver que en 4 de estas el otorgamiento de licencias ha sido detenido o eliminado.

Esta medida, además, pone freno, por el momento, a determinadas actividades que son distintivas en el trazado del cuentapropismo , con un gran peso económico y social y que involucran a un número considerable de cubanos. Muchas de estas actividades se encontraban en franco crecimiento, mientras que otras, las menos, mostraban un ritmo estable o descendente.

La Resolución 22/2017, firmada por la Ministra de Trabajo y Seguridad Social Margarita M. González Fernández y fechada el 18 de julio de 2017, no expone ninguna razón para la prohibición del otorgamiento de las licencias. Sin embargo, el diario Granma permitió que el ministerio en cuestion ofreciera explicaciones.

La viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, informó que:

La más reciente evaluación al desempeño de este sector permitió comprobar, entre otros elementos, que se utilizan materias primas, materiales y equipos de procedencia ilícita; persiste el incumplimiento de obligaciones tributarias y se subdeclaran ingresos; falta de enfrentamiento y solución oportuna a los problemas; subsisten imprecisiones e insuficiencias en el control; así como se constatan deficiencias en la contratación económica para la prestación de servicios u oferta de productos entre personas jurídicas y personas naturales.

En tal sentido, existen algunas contradicciones visibles entre los argumentos esgrimidos para la suspensión y la realidad.

En cuanto al robo de materiales o materias primas, por ejemplo, podría aplicarse y constatarse en algunas de las actividades enlistadas, pero no se justifica, por ejemplo, en el caso de 8 de las licencias cuyo otorgamiento fue suspendido, que, por la descripción de las actividades que realizan estos trabajadores, no requieren de muchos recursos materiales para ejercer su labor. Es díficil argumentar que un repasador, un profesor de música o un gestor de pasaje necesariamente estén vinculados a desvíos y robos para ejercer su trabajo.

Por otra parte, se decide no otorgar licencias en 4 de las modalidades relacionadas con la elaboración y venta de alimentos, actividades más relacionadas con posibles desvíos de recursos, pero se mantiene intacta la figura del Elaborador vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas de forma ambulatoria. Quizás aquí la diferencia es que en las primeras se suelen utilizar trabajadores contratados y en esta última no.

En el año 2010 la Central de Trabajadores de Cuba anunció la necesidad de eliminar en un primer momento alrededor de 500 000 trabajadores en el sector estatal que deberían incorporarse paulatinamente a las actividades no estatales. El pronunciamiento decía:

[..] Es conocido que el exceso de plazas sobrepasa el millón de personas en los sectores presupuestado y empresarial.

Nuestro Estado no puede ni debe continuar manteniendo empresas, entidades productivas, de servicios y presupuestadas con plantillas infladas, y pérdidas que lastran la economía, resultan contraproducentes, generan malos hábitos y deforman la conducta de los trabajadores. 

Ese millón de empleados que sobraban en el sector estatal, y que se debían quedar sin empleo, o que estuvieron interruptos un tiempo y se previó que emigraran a la gestión por cuentapropia, ¿fueron finalmente movidos de estas plazas innecesarias? ¿ya todos son cuentapropistas? Y si así fuese -que la matemática más elemental permite responder que no- ¿ahora son necesarios de vuelta?

Además, el artículo de Granma se acerca al tema tributario, enunciando, entre otras medidas, que se eliminará la exención de pago por los cinco primeros trabajadores contratados que existía hasta el momento y el aumento gradual de los impuestos en dependencia de la cantidad de empleados. Esta medida significa una contradicción en sí misma: le quita incentivos a la expansión de los negocios por cuentapropia, que es donde la mayor cantidad de personas que no encontraron sitio en el sector estatal han sido asimiladas, en mucho casos en la actividad de trabajadores contratados.

Otro asunto que resulta contraproducente en las nuevas medidas es el tema de la temporalidad. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no ha anunciado el plazo en que se volverán a pronunciar al respecto. El estado ni siquiera anunció una fecha futura para informar en qué punto se encontrará el proceso o un aproximado del tiempo que podría tardar la reorganización.

Una alternativa plausible hubiera sido anunciar con un período de antelación la actual suspensión y no otorgamiento definitivo de las licencias. Esta alerta sería apreciada por las personas que estaban reuniendo el capital o realizando inversiones para comenzar el ejercicio por cuentapropia y hoy no saben qué pasará con esos esfuerzos y proyectos.

Entre los afectados produce insatisfacciones la continua particularización del fenómeno, lo que hace que en cada caso sea necesario consultar a profundidad qué puede o no hacerse. La propia viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social afirmó que la determinación de no emitir las licencias suspendidas o canceladas "forma parte de un proceso sistemático de revisión y perfeccionamiento, encaminado a corregir deficiencias, de manera que ninguna acción quede al margen de la legalidad."

¿Es necesario tratar de controlar todos los detalles al mínimo? ¿No sería más conveniente definir qué actividades no deben realizarse y el resto dejarlo a la elección de las personas? Un conjunto de normas con este espíritu sería un estímulo a la innovación y, por tanto, a la economía y la sociedad.

Hay muchos otros elementos que atentan contra el buen funcionamiento del cuentapropismo y cuyas soluciones están en manos de quienes tienen a su cargo legislar y gobernar: los mercado mayoristas, un mejor diseño de la política fiscal e impositiva o la creación de un marco legal para el establecimiento de la Pequeña y Mediana Empresa.

El impacto social de la resolución 22/2017 y de las que vendrán, alcanza, posiblemente, a la mayoría de los cubanos. La economía cubana, que ha tenido un impulso de peso con el turismo, pudiera ser afectada. Entre las licencias que no se otorgarán por el momento están las asociadas con el arrendamiento de viviendas y habitaciones y con actividades complementarias (Restaurantes y Cafeterías) que son imprescindibles para asumir el incremento sostenido de visitantes extranjeros.

Los más afectados, por supuesto, serán las personas que deseaban lanzarse por estos rumbos, que reunieron el dinero, realizaron inversiones o dejaron sus empleos. Sin embargo, también resultarán perjudicadas las personas que nada tiene que ver con las actividades del sector no estatal, pero que tienen que lidiar con él, por ser este un espacio donde encuentran la solución a necesidades que no cubre el estado.

Según un comentario publicado en Cubadebate por Alejandro Peñalver Mauri, quien se acredita como profesor de Dirección Estratégica en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana:

Al impedirse la posibilidad de que existan nuevos Cuenta Propistas, se limita la posibilidad de elección para el consumidor, y a su vez a los actuales Cuenta Propistas se les crea la oportunidad de imponer sus condiciones en cuanto a menor calidad y mayor precio.

La potencialidad de que entren a competir nuevos Cuenta Propistas, incluso si no llegan a abrir sus negocios, frena el incremento de los precios. La rentabilidad del sector tiende a disminuir solo por saber que pueden entrar nuevos Cuenta Propistas, y por tanto los precios se mantienen bajos.

[...]

El resultado final es que los actuales Cuentapropistas se enriquecerán todavía más, acumulando riquezas, y la población pagando precios más caros con productos y servicios de menor calidad, cargará con el mayor peso de la medida.

*Los datos utilizados fueron entregados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a pedido de los autores. Las actividades por Cuentapropia se reflejan con los nombres tal como aparecen en la base de datos suministrada. Por este motivo, algunas actividades como el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios aparecen como actividades independientes. Hay otras que no aparecen en las resoluciones relacionadas con el Trabajo por Cuentapropia. Los datos fueron procesados por el el equipo de Postdata.club y pueden ser consultadas en este documento en formato JSON.